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Crisis: Reglas para empresarios

¿Qué solución presta esta nueva ley si la Dian queda con la facultad discrecional de poder y no de deber condonar sanciones e intereses al comerciante incumplido?

Por: RAYMUNDO PEREIRA LENTINO

23 de abril de 2020

Con ocasión de la pandemia que estamos sufriendo, el Gobierno nacional decretó el estado de emergencia sanitaria y ha expedido un sinnúmero de decretos, para enfrentarla y, en lo posible, controlarla y superarla. Desde el 6 de marzo del 2020, cuando se conoció el primer afectado, que resultó ser una turista, Cartagena es una ciudad de calles vacías.

Su comercio, diurno y nocturno, ha tocado fondo. Los comerciantes de todas las actividades se vieron súbitamente sometidos a una disminución en sus ventas y pérdidas irremediables. Los productos perecederos fueron ofrecidos a domicilio, para salir de ellos.

Los huéspedes regresaron a sus países de origen. Aquellos se han quedado con sus establecimientos cerrados y su nómina estática. Ellos son el motor de la economía, bien sean pequeños, medianos o grandes. Pero en su rango, son los creadores de empleo formal, pagan, en términos normales, los costos fiscales vigentes. Para aliviar el daño causado por el COVID-19, el presidente Duque, -como en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial que dio vida a las empresas unipersonales para impulsar la economía- dictó el Decreto 560 del 15-04-20 mediante el cual se adoptan medidas especiales en materia de insolvencia, tema regulado por la ley 1116/08. Cuando se lee el decreto inferimos que los redactores se esmeraron por simplificar el trámite, pero concluimos que pensaron mucho -más de la cuenta, considero yo-, en el acreedor, en vez de trasladar al Estado, la carga de las garantías.

El presidente Duque, en sus charlas vespertinas, es reiterativo en afirmar que los bancos tienen el deber de abrir cupos de crédito para que el comerciante/empresario pague la nómina y el trabajador no deje de alimentar a su familia. Les recuerda que todos apoyamos al sector financiero hace poco más de 10 años pero Asobancaria sale al paso a declarar que los bancos exigirán garantías iguales a las que se solicitan en estado de normalidad porque el dinero no es de los bancos sino de los cuentahabientes. Por eso, será letra muerta si el Decreto 560/20 queda con los verbos poder hacer en vez deber hacer.

¿Qué solución presta esta nueva ley si la Dian queda con la facultad discrecional de poder y no de deber condonar sanciones e intereses al comerciante incumplido?

El Estado es el único con capacidad de garantizar a los clientes del sector financiero, que son depositarios de sus recursos, que estos no quedarán inmersos en el problema.

Si no indica expresamente que están obligados a entregar recursos frescos a los comerciantes/empresarios en crisis, sin más garantías de las ya existentes, el decreto 560/20 quedará como un saludo a la bandera y, se oscurecerá, aún más, el futuro de nuestra economía.